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Fideicomisos y despachos externos

HORA CERO

Luis Alberto Romero

El pasado 3 de enero, en la Gaceta Oficial se publicó el decreto que establece la sectorización de los fideicomisos públicos del Gobierno del Estado. Se trata de un ordenamiento de 11 artículos y cuatro transitorios que el Ejecutivo estatal fundamenta “para establecer orden en los Fideicomisos Públicos”.

Los 22 fideicomisos existentes han quedado ya sectorizados en ocho secretarías de despacho, siendo la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), la que mayor número de fideicomisos cuenta, con cinco. Dos tienen el carácter de “Público Irrevocable de Inversión y Administración” para el Programa Especial de Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio del estado de Veracruz y el denominado Fideicomiso Público del Organismo Acreditador de Competencias Laborales del Estado de Veracruz.

Los otros son fideicomisos públicos del Proyecto denominado Apoyo de Tecnologías Educativas y de la Información para el personal al servicio de la educación para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y fideicomiso público revocable de administración e inversión para la operación del Programa de Becas Nacionales para la Educación Superior (Manutención) para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Uno más es el fideicomiso de inversión y administración para la implementación del Programa de Aplicación de los Sistemas de Enseñanza Vivencial e Indagatoria de las Ciencias (PASEVIC) del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Este último tiene una historia peculiar que ilustra la función que juegan también los despachos externos de contaduría en la administración pública.

Creado en el gobierno de Fidel Herrera Beltrán, dicho fideicomiso recibe desde entonces un financiamiento anual del gobierno federal que debiera ser igualmente correspondido por el gobierno estatal, sin embargo, durante el duartismo, esta condición se incumplió y su operación vivió presa del desorden administrativo.

Desde su creación hasta los primeros tres meses del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, la secretaria técnica del PASEVIC fue tutelada por Blanca Estela Nava Bustos, profesora sexagenaria que llevó como “asesora” responsable de su administración a la contadora pública Adriana Palacios, quien como cabeza de su despacho contable externo ha sobrevivido al paso de los gobiernos estatales, sin importarle que por su competencia o falta de ella, ahora “la maestra Blanca” como es conocida su anterior jefa, enfrenta una denuncia ante la Auditoria Superior de la Federación (ASF) para que responda por un monto superior a los 3.6 millones de pesos, en el que se presume malversación de los recursos remitidos por la SEP, tan sólo de 2012.

En la propia Secretaría de Finanzas y Planeación ha trascendido que la maestra Blanca habría sido citada el día 15 de enero en un requerimiento inicial junto con Antonio Tarek Abdalá y Adolfo Mota Hernández, extesoreso de la Sefiplan y ex titular de la SEV.

Este miércoles 31 de enero, Blanca Estela Nava deberá comparecer en la Ciudad de México en la ASF, mientras que su responsable administrativa, Adriana Palacios sigue campante ofertando sus servicios en la entidad.

Y éste es sólo un caso del manejo de un fideicomiso, de un despacho externo y de un historial de cómo el desorden, tiene sus consecuencias.

Modernización administrativa
El Poder Judicial del Estado propuso al Congreso local algunas modificaciones a su Ley Orgánica, que bien pueden convertirse en la antesala de la modernización administrativa y consolidación de la autonomía del Poder Judicial veracruzano.

El académico Enrique Córdoba del Valle declaró al respecto que entre los principales cambios que busca esta iniciativa destacan tres muy importantes: la modificación de la edad para desempeñarse como Secretario General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia y Magistrados, siendo la mínima de 30 años para el primero y la máxima de 70 años para los segundos; la desaparición de los juzgados municipales que dará paso a la creación de microrregiones judiciales donde funcionarán juzgados mixtos de primera instancia; y la creación de un procedimiento para la ratificación de Magistrados, cuya pertinencia será avalada por el Consejo de la Judicatura y posteriormente por el Congreso del Estado.

En el mismo sentido, la académica del Sistema de Enseñanza Abierta, Alejandra Zúñiga Ortega, experta en derecho de familia, consideró que la desaparición de juzgados municipales y creación de microrregiones, dará un fuerte impulso a la atención y resolución de casos en los juzgados especializados en materia familiar, porque es ahí donde se concentra el mayor cúmulo de asuntos contenciosos. @luisromero85