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Tras reposición de audiencia, Gina Domínguez continuará en prisión

Luego de ganar un amparo, para que se repusiera su audiencia de vinculación a proceso, alegando que hubo violaciones a su debido proceso, la ex coordinadora de Comunicación Social, María Gina Domínguez Colío, no obtuvo el resultado esperado, pues nuevamente fue vinculada y se confirmó su medida cautelar de prisión preventiva por un año.

La ex vocera duartista, quien fuera detenida el pasado 20 de mayo por su presunta responsabilidad en los delitos de incumplimiento de un deber legal, coalición y abuso de autoridad en agravio del gobierno de Veracruz por más de 5 mil millones de pesos, ha intentado salir de prisión a través de su defensa legal.

La semana pasada, sus abogados obtuvieron una resolución a su favor, por parte del Tribunal Colegiado de Circuito, al concederle el amparo para nuevamente realizar la audiencia de vinculación a proceso, pues la ex funcionaria alegó diversas violaciones a su debido proceso.

Aunque originalmente, un juez federal no le había dado el amparo, finalmente los magistrados del Tribunal Colegiado de Circuito en material penal sí se lo concedieron y este fin de semana se realizó otra vez su audiencia.

Sin embargo, el resultado fue prácticamente el mismo, pues María Gina Domínguez escuchó por parte del Juzgado de Control su vinculación a proceso al existir elementos probatorios suficientes de su responsabilidad en la comisión de los citados delitos.

De igual manera, quedó vigente la medida cautelar de prisión preventiva por un año, en lo que la Fiscalía General del Estado (FGE) concluye la etapa de investigación.

Hasta el momento, María Gina Domínguez lleva en prisión 240 días y aunque ha intentado salir de la cárcel promoviendo amparos, no lo ha logrado, pues primero tramitó uno en el cual pedía se le modificaran las medidas cautelares, que le fue negado.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General del Estado, la ex vocera duartista causó un daño de 5 mil 43 millones al erario público del estado por ordenar el pago de manera indebida de publicidad para promover la imagen del gobernador Javier Duarte de Ochoa sin contrato de por medio.

De tal cantidad, 105 millones de pesos habrían sido pagados a empresas fantasmas, presumiblemente de su propiedad.