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Pasaron 12 años en prisión siendo inocentes: así ha sido la vuelta a casa de defensores del agua en Edomex

Dominga González, Lorenzo Sánchez y Marco Antonio Pérez están aprendiendo a usar el celular. Por ahora no tienen uno. Ese objeto que no era parte de la vida cuando ellos entraron en prisión les es todavía ajeno, propio de otros, de los que se quedaron libres.

Muchas personas de su alrededor también les son extrañas: vecinos con años demás a quienes no reconocen; sobrinos y nietos nuevos en la familia, a quienes apenas están conociendo. Sus propios hijos les son extraños, no los han visto crecer. Cuando se regresa a casa después de 12 años de estar preso en Almoloya de Juárez cada despertar es raro. A todo hay que volver a adaptarse. “Muchas mañanas abro los ojos y me quedo pensando dónde estoy. Si solo soñé que estoy de nuevo en casa o es cierto que ya estoy aquí”, dice Lorenzo Sánchez.

A los tres los detuvieron en 2007. Estuvieron huyendo durante tres años, después de que, en 2003, los acusaron del asesinato de un empresario floricultor del municipio vecino al suyo. Los tres estaban dando la batalla porque no le quitaran a su pueblo, San Pedro Tlanixco, en Tenango Del Valle, Estado de México, el derecho de usar el agua del río Texcaltenco.
Para la comunidad de Tlanixco ese río era suyo. Habían crecido alrededor de él y usaban su agua para las actividades cotidianas; hasta 1989 cuando el gobierno mexicano la concesionó a los floricultores de Villa Guerrero, el municipio líder en todo el país en cultivo y exportación de flores.
Los de Tlanixco se quedaron solo con la opción de usar el agua de un pozo artesanal. Y en 2002 iniciaron la resistencia, bajo la guía de líderes visibles de la comunidad. Uno de ellos era Dominga, quien había interpuesto varios amparos contra las concesiones otorgadas a Villa Guerrero, a través de la Conagua.
Lorenzo es hermano y era el principal apoyo de otro de los líderes de la resistencia, Pedro Sánchez, todavía preso en Almoloya de Juárez, y quien en ese entonces acababa de terminar sus funciones en el Comité de Agua de Tlanixco. Marco, es primo hermano y era también el apoyo principal de Teófilo Pérez, uno más de los líderes que todavía están encarcelados. Ambos son, a su vez, sobrinos de Dominga.

Antes de prisión
En 2003, en plena resistencia, Dominga trabajaba limpiando casas. El que era su esposo se fue a buscar empleo a Estados Unidos y cortó toda comunicación con ella. Cuando se fue sus dos hijas mayores ya estaban casadas y vivían a parte. Pero Dominga tenía que sostener a los menores, Fredy de 17, Raquel de 15 y José Francisco de 5 años. Los tres estaban estudiando. Su madre quería que todos fueran a la universidad. Pero los tres tuvieron que dejar la escuela cuando ella tuvo que huir para no entrar a prisión.
De Marco dependían siete personas. Su esposa, su hijo de dos años y medio, su hermana, sus padres y dos sobrinos. Él era obrero de la construcción. Tenía 27 años cuando lo detuvieron. Estaba empezando la vida con su familia propia y apoyando a la extendida. Haciendo planes junto con sus hermanos para construir cada quien su casa, y planeando el futuro de su hijo.
“Cuando te meten así a prisión, siendo inocente, la familia también lo padece mucho. No solo yo viví la cárcel, mis familiares la vivieron mucho más que yo. Mi esposa se dedicaba al hogar y a cuidar a mi hijo antes de que me encarcelaran, después de eso tuvo que entrar a trabajar, descuidó al niño. Mis hermanos ya ni levantaron sus casas. Se nos fue todo en abogados y en recursos para sacarme”.
Lorenzo tenia un pequeño negocio de materiales para la construcción antes de huir. Tenía 42 años y un hijo de 13, que estaba estudiando. Su esposa le ayudaba en el negocio y cuidaba al adolescente. “Era mi mejor momento. El negocito iba bien. Yo sentía que iba para arriba, estaba en mi auge. Todo se truncó. Mi esposa se dividió entre el negocio y la lucha por sacarme. A mi hijo lo descuidamos y hoy estoy en cero”.
El primero de abril de 2003, seis empresarios floricultores del municipio de Villa Guerrero llegaron a Tlanixco. Querían averiguar por qué el agua del río Texcaltenco estaba llegando con espuma. La comunidad lo consideró una provocación. Decidieron llevar a los intrusos ante sus autoridades tradicionales, con el delegado del pueblo. Pero para llegar con él había que bajar una pendiente que da a un desfiladero de 300 metros.
Unas 150 personas, con los seis de Villa Guerrero incluidos, descendieron por una ladera donde solo se puede caminar de uno a la vez. Casi hasta atrás venía el empresario español Alejandro Isaak Basso. Él no llegó con el delegado del pueblo. Cuando sus cinco compañeros lo buscaron entre la gente, lo hallaron muerto en el fondo del barranco. Los de Tlanixco alegaron siempre que seguro el hombre resbaló. Los de Villa Guerrero y las autoridades aprovecharon para culpar a los lideres de la resistencia y encarcelarlos.
Así lo denunciaron instancias internacionales. Después de revisar el caso, la ONU-DH consideró que la justicia mexicana no había observado el derecho al debido proceso, y que la secuencia de violaciones durante la investigación, como basarse en testigos que no estuvieron en el lugar de los hechos y no considerar la condición de indígenas de los acusados, podía entenderse como una criminalización a los defensores del agua de San Pedro Tlanixco.

Vivir en Almoloya
Durante los primeros años de Dominga en la cárcel su familia tenía que pagarle protección. Su compañera de celda era muy agresiva, la hostigaba, hasta que un día la golpeó. Ni así la movieron a otra. Sus familiares empezaron a darle dinero cada semana a una de las internas para que la defendiera, hasta que trasladaron a su violenta compañera a otro penal.
Dominga nunca supo moverse en ese ambiente. “Había muchas personas muy agresivas. Muchas peleas. Yo siempre trataba de aislarme. Pasaba mucho tiempo en mi celda. Tomaba un gancho y me ponía a tejer. Si salía al patio, trataba de mantenerme al margen de las conversaciones, porque luego platicaba algo y les molestaba. Nunca estaba en su tono”.
Algo muy similar vivían Lorenzo y Marco. “Es muy feo estar ahí adentro, conviviendo con delincuentes. Uno nunca ha cometido un delito y lo juntan con secuestradores, violadores, homicidas. Hasta las platicas que tienen son muy duras: hablaban de cómo hacían un secuestro. A escuchar esas cosas uno no se acostumbra, da mucho rabia oírlos y estar ahí con ellos, yo decía: estos son crimínales, yo no”, cuenta Marco.
Diversas organizaciones de derechos humanos han estado denunciando que el Estado mexicano usa como estrategia criminalizar a defensores para evitar que sigan en el activismo y desalentar las resistencias que encabezan.
En su Informe anual sobre la situación de personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México, 2017, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) denunció el incremento de las agresiones a estos representantes por parte del Estado mexicano. La organización reportó que de 2010 a 2017 se han registrado 391 casos de agresiones. En el periodo de julio de 2016 a diciembre de 2017 se produjeron 88 ataques, 16 por ciento de esos corresponden a criminalización.

Volver a casa
Dominga quiere volver a trabajar, aunque sea limpiando casas. Hoy tiene 60 años y el hijo que dejó de 5 para huir cumplió ya 20. “Quiero darme tiempo para estar con él. Para darle todo el amor que no le di mientras creció. Ahorita lo estoy animando para que entre a la universidad. Mi hermano le dio hasta prepa y ahora yo quiero que vuelva a la escuela”.
Ella solo está esperando un tiempo para volver a trabajar, “para que él tenga su carrera. Los otros dos que dejé adolescentes ya se casaron. Ya no les pude dar estudios. Trataré con José Francisco. Solo me estoy dando unos días para recuperarme, ahora todavía me estoy adaptando, hay veces que todavía escucho el portón de la cárcel cuando se cerraba”.
Lorenzo dice que su plan es ponerse a trabajar junto con su hijo para levantar el negocio de material de construcción. “Pero no sé qué me pasa. Antes de ir a la cárcel todo se me hacía fácil, como que lo podía todo. Ahora me siento cansado, como perdido. Quiero hacer lo que hacía antes y siento cansancio moral y físico. Pero tengo ánimo de que me iré adaptando de a poco y podré ayudar a mi hijo”.
Marco también quiere volver al trabajo, aunque tiene un dolor en la cintura que le empezó en la prisión y no lo deja. Su mayor plan es acercarse más a su hijo, que hoy tiene ya 16 años. “No lo vi crecer. Ahora que estamos conviviendo, nos llevamos más como amigos. Estamos construyendo la relación padre-hijo que no habíamos podido tener”.
Para los tres hay todavía un pendiente enorme. Tres de sus compañeros defensores del agua siguen en Almoloya. “Para fines de la justicia –explica Antonio Lara, director del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, quien ha llevado la defensa de los acusados en el último tramo– el grupo de seis se partió en dos. A tres, Teófilo Pérez González, Pedro Sánchez Berriozábal y Rómulo Arias Mireles, los detuvieron desde 2003 y en 2007 les confirmaron sentencia; es decir, para el Estado quedó comprobado que eran culpables”.
A Dominga, Marco y Lorenzo los detuvieron en 2007 y hasta 10 años después, en 2017, les dictaron sentencia, pero ya no la confirmaron. Por eso fue más fácil obtener su libertad cuando el Estado se desistió de la acción penal en contra del grupo de defensores, después de la presión por las denuncias de que el gobierno los había criminalizado.
“Ahora estamos trabajando para que liberen a Pedro, Teófilo y Rómulo, algo que debería suceder en los próximos días”, asegura Lara.
“No vamos a estar tranquilos, no vamos a poder seguir la vida mientras nuestros compañeros sigan en la cárcel. Ellos son inocentes también. Y el tipo de investigación fue el mismo, con las mismas deficiencias. Los tiene que dejar en libertad”, advierte Dominga.
“Parte de nuestra familia sigue en la cárcel –dice Lorenzo– ellos son nuestra familia. Y es desesperante que estén allá. Para uno que sabe el infierno que es estar un día ahí, es desesperante que no salgan. El gobierno no debería permitir que estas cosas pasen. No se debería criminalizar a quienes buscan defender sus derechos. Hay todavía una deuda grande del Estado para con los defensores que continúan en prisión. No solo nuestros compañeros, muchos otros”.